*La encomienda es fortalecer acciones que contribuyan a combatir los delitos por hechos de corrupción cometidos por servidores públicos
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) nombró a Ricardo Sánchez Ramírez como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), con el objetivo de continuar con el fortalecimiento de las acciones que contribuyan a combatir los delitos por hechos de corrupción cometidos por servidores públicos.
El licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), se desempeñó como jefe de Departamento de Apoyo Corporativo, de Procesos Civiles, y titular del área jurídica de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), delegación Puebla.
Además, ha laborado como asesor jurídico en diversos municipios de la entidad, así como en diferentes bufetes de abogados.
Sánchez Ramírez coadyuvará para que el personal trabaje con celeridad en la resolución de las carpetas de investigación y, de esta forma, garantizar el acceso a la justicia de la ciudadanía que ha sido víctima o testigo de algún delito por hecho de corrupción.
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*La encomienda es fortalecer acciones que contribuyan a combatir los delitos por hechos de corrupción cometidos por servidores públicos
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) nombró a Ricardo Sánchez Ramírez como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), con el objetivo de continuar con el fortalecimiento de las acciones que contribuyan a combatir los delitos por hechos de corrupción cometidos por servidores públicos.
El licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), se desempeñó como jefe de Departamento de Apoyo Corporativo, de Procesos Civiles, y titular del área jurídica de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), delegación Puebla.
Además, ha laborado como asesor jurídico en diversos municipios de la entidad, así como en diferentes bufetes de abogados.
Sánchez Ramírez coadyuvará para que el personal trabaje con celeridad en la resolución de las carpetas de investigación y, de esta forma, garantizar el acceso a la justicia de la ciudadanía que ha sido víctima o testigo de algún delito por hecho de corrupción.
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