Rommel PICHARDO
Panotla, Tlax.— Un elemento activo de la Guardia Nacional, identificado como Agustín N., fue asegurado durante la madrugada de este viernes luego de que presuntamente disparó en varias ocasiones contra el domicilio de una familia vecina, en la calle El Canal del Quinto Barrio, en el municipio de Panotla. El hecho, que generó pánico entre los habitantes de la zona, derivó en un operativo conjunto entre autoridades de los tres niveles de gobierno.
Los hechos se registraron sobre la calle El Canal, donde vecinos reportaron al 911 una serie de detonaciones de arma de fuego alrededor de las 22:00 horas del jueves. Minutos antes, el capitán, también conocido como «El Camarón», habría sostenido una discusión con integrantes de una familia vecina, con quienes presuntamente ya existían antecedentes de conflicto.
Según testimonios, el militar salió a la calle en short y sandalias portando su arma de cargo, con la que realizó disparos hacia una vivienda donde se encontraban varios adultos y menores de edad. En el sitio se localizaron casquillos percutidos calibre 9 mm con las siglas de la Guardia Nacional, lo que confirma el uso de armamento oficial.
El hecho desató un operativo coordinado entre la Policía Municipal de Panotla, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, cuyos elementos rodearon el domicilio del implicado, ubicado en las inmediaciones de la Escuela Normal Rural.
A pesar de los intentos de negociación por parte de un mando superior de la propia corporación, el capitán se negó inicialmente a entregarse, argumentando que se encontraba en propiedad privada y bajo resguardo legal. Sin embargo, tras varias horas de diálogo, fue asegurado sin necesidad de uso de la fuerza.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si se ha iniciado un procedimiento penal o administrativo en contra del elemento, aunque los vecinos ya han manifestado su intención de presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).
La situación generó indignación entre los residentes, quienes exigen que el caso no quede impune, sobre todo ante señalamientos previos que apuntan a conductas violentas por parte del mismo individuo.
La FGJE, en coordinación con autoridades militares, será la encargada de determinar la responsabilidad penal y administrativa que corresponda conforme a la ley.
