Las autoridades estatales mantienen en curso las investigaciones por presuntos actos de corrupción y extorsión al interior del Centro de Reinserción Social (CERESO) de Tlaxcala, y han activado un protocolo de protección tanto para la Persona Privada de la Libertad (PPL) denunciante como para su familia.
De igual manera, el secretario de Gobierno confirmó que los funcionarios señalados en el caso serán separados de sus cargos conforme avancen las indagatorias.
El caso se originó tras un video difundido por un interno, quien acusó directamente al entonces director del penal, Juan Antonio Martínez Guerrero, de permitir y participar en actividades ilícitas, entre ellas el cobro de cuotas de “protección” de entre 3 mil y 20 mil pesos, la salida de reclusos para cometer robos a gasolineras y un presunto intento de ordenar un ataque contra el director general de Ceresos.
El secretario de Gobierno informó que, mientras se determina la situación, el exdirector fue asignado a otras funciones para garantizar que las investigaciones se realicen con imparcialidad. “Se actuará hasta las últimas consecuencias y, si se confirma la participación de más servidores públicos, habrá cero tolerancia”, aseguró.
Agregó que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana SSC y la Fiscalía General de Justicia, se han implementado medidas para garantizar la seguridad del denunciante y de su familia, incluyendo asesoría jurídica y acompañamiento para formalizar denuncias.
Sobre otros funcionarios mencionados en el testimonio, precisó que continuarán en sus cargos únicamente mientras no existan elementos en su contra, pero serán removidos de inmediato si las investigaciones lo determinan.