Colectivos y familiares de víctimas exigieron una audiencia con la fiscal estatal y acusaron omisiones, corrupción y falta de avances en casos de desaparición, abuso y homicidio.
Este miércoles, activistas, abogados y familiares de víctimas se manifestaron afuera de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala para denunciar presuntas irregularidades, omisiones y “fabricación de carpetas de investigación”, además de acusar que la justicia en la entidad “se ha vuelto selectiva”.
Durante el posicionamiento público, los manifestantes señalaron que existen carpetas de investigación congeladas, retrasos en diligencias y falta de atención para víctimas que no cuentan con recursos económicos o asesoría jurídica privada.
“Si tu investigación no tiene avances y no han solicitado órdenes, exijamos la misma atención que le dan a los fabricadores de carpetas de investigación”, expresaron.
Los inconformes aseguraron que algunos casos avanzan rápidamente mientras otros permanecen archivados por años, especialmente aquellos relacionados con desapariciones, violación, abuso sexual, trata de personas y violencia familiar.
También denunciaron que han tenido que intervenir activistas y organizaciones civiles para presionar a las autoridades y lograr avances en investigaciones.
Entre los señalamientos, mencionaron presuntas negativas de la Fiscalía para realizar búsquedas en ciertas zonas del estado por temor a grupos delictivos, así como obstáculos burocráticos para acceder a expedientes y carpetas de investigación.
Uno de los casos expuestos fue el de una menor víctima de abuso sexual, cuya carpeta —aseguraron— permaneció seis meses sin que se realizaran estudios interdisciplinarios. Asimismo, denunciaron acuerdos de reparación del daño que calificaron como insuficientes en casos de agresiones sexuales contra menores.
Durante la protesta también se habló de presuntas irregularidades en procesos dentro del Cereso de Tlaxcala, incluyendo denuncias de tortura y fabricación de delitos. Una madre de familia afirmó que su hijo lleva 10 años preso por un delito que asegura no cometió y acusó omisiones en la integración de las carpetas contra policías señalados por tortura.
Además, familiares de personas desaparecidas denunciaron simulación en reuniones oficiales sobre búsqueda de personas y reclamaron que muchas víctimas no son tomadas en cuenta por las autoridades estatales.
Los activistas acusaron además que existen casos donde personas con recursos económicos o vínculos políticos reciben trato preferencial dentro de la procuración de justicia.
Al finalizar el posicionamiento, los manifestantes ingresaron a las instalaciones de la Fiscalía para solicitar una audiencia directa con la titular de la dependencia y advirtieron que continuarán visibilizando públicamente los casos donde, aseguran, no existen avances.
