Poco después de haber acordado con el Gobierno del Estado revisar el convenio de colaboración entre la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE-USET) y Fundación Azteca, un grupo de madres y padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica No. 58, ubicada en Totolac, endureció su postura y trasladó el conflicto a las calles del centro histórico de Tlaxcala.
Lo que el jueves parecía encaminarse hacia una ruta de negociación derivó en un bloqueo de una de las principales vialidades de la capital, acompañado por una presentación de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca de Tlaxcala, quienes participaron en una demostración musical realizada en plena vía pública.
La movilización ocurrió mientras el Gobierno del Estado reiteraba públicamente que el convenio no ha sido cancelado y que continúa sujeto a revisión jurídica, administrativa y financiera.
En conferencia de prensa, el secretario de Educación Pública del Estado, Homero Meneses Hernández, explicó que la revisión del convenio responde a un criterio elemental de eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Detalló que el acuerdo original contemplaba financiar, con una misma aportación estatal, la operación de los niveles de secundaria y bachillerato; sin embargo, actualmente únicamente funciona la secundaria, por lo que la administración estatal considera procedente ajustar el monto de la inversión para que corresponda con los servicios efectivamente prestados.
El funcionario sostuvo que esa propuesta no ha encontrado aceptación por parte de Fundación Azteca, organización con la que continúan las conversaciones.
«No se pretende cancelar el modelo educativo ni afectar a los estudiantes», explicó Meneses Hernández, quien aseguró que, de no alcanzarse un nuevo acuerdo, la SEPE-USET desarrollará las adecuaciones necesarias para que la comunidad escolar continúe recibiendo los servicios académicos, culturales y formativos que actualmente distinguen al plantel, ahora directamente bajo la responsabilidad del Estado.
La postura oficial deja entrever uno de los principales puntos de fricción de la negociación: mientras la autoridad estatal busca que el financiamiento corresponda a la realidad operativa del plantel, Fundación Azteca mantiene la defensa del esquema vigente, pese a que ya no se prestan todos los servicios originalmente contemplados en el convenio.
En términos políticos y administrativos, el conflicto parece haberse desplazado del ámbito educativo al terreno de la presión pública, para beneficio de la organización civil.
La manifestación ocurrió cuando la mesa de diálogo seguía abierta y antes de que concluyera el análisis técnico del convenio, situación que fue interpretada por diversos observadores como una estrategia para incrementar el costo político de la negociación y presionar al Gobierno del Estado a mantener sin modificaciones un esquema financiero que actualmente es objeto de revisión.
Otro elemento que comienza a modificar el sentido original de la protesta es la incorporación de actores políticos ajenos a la comunidad escolar.
En redes sociales, fue visible el respaldo del exdiputado local Miguel Ángel Covarrubias, quien en los últimos meses ha intensificado su actividad pública con miras a futuros procesos electorales, trasladando el diferendo educativo al terreno de la confrontación política.
Mientras tanto, la autoridad educativa insiste en que el propósito de la revisión no consiste en eliminar un proyecto exitoso. La Técnica 58 ha obtenido reconocimiento nacional e internacional por sus resultados académicos, ambientales y artísticos, incluso al colocarse entre las escuelas finalistas del certamen World’s Best School Prizes 2026. Precisamente por ello, sostuvo la SEPE-USET, el objetivo es preservar aquello que ha demostrado funcionar, pero bajo un esquema financieramente sostenible y con mejores condiciones para el uso de los recursos públicos.
La propia dependencia recordó que este modelo educativo fue concebido originalmente para atender a estudiantes con altas capacidades intelectuales, aunque con el paso de los años los criterios de ingreso se flexibilizaron, ampliando el universo de atención a alumnos con perfiles académicos diversos, realidad que también forma parte de la evaluación que actualmente realiza la autoridad educativa.
Lejos de cerrar el diálogo, el Gobierno del Estado reiteró que la mediación permanece abierta y que existe disposición para construir un acuerdo que garantice la continuidad del servicio educativo sin afectar a las familias ni comprometer el adecuado ejercicio del presupuesto público.
Sin embargo, la continuidad de esa ruta también dependerá de que las partes respeten los compromisos asumidos en la mesa de negociación y permitan que el proceso concluya con base en criterios técnicos y jurídicos, evitando que la discusión sea desplazada por versiones parciales, información no corroborada o campañas de desinformación difundidas en redes sociales y grupos de mensajería, factores que, lejos de contribuir a una solución, corren el riesgo de distorsionar un debate que aún se encuentra en proceso de análisis institucional.
