• Iniciarán procedimientos administrativos contra quienes incumplan la normativa ambiental; las industrias que no se regularicen serán suspendidas conforme a la ley.
La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (PROPAET) y las autoridades ambientales federales fortalecerán las acciones de inspección y vigilancia para detectar descargas irregulares, iniciar procedimientos administrativos y aplicar sanciones a las industrias que contaminen el río Zahuapan.
La instrucción es clara: las empresas que incumplan sus obligaciones ambientales deberán enfrentar las consecuencias legales. Quienes no atiendan las irregularidades ni se regularicen serán suspendidos, sin excepciones y conforme al marco jurídico aplicable.
Esta estrategia se enmarca en el trabajo coordinado entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, para avanzar en el saneamiento del río Zahuapan y la recuperación de la cuenca del Atoyac, mediante una actuación conjunta de las autoridades ambientales estatales y federales.
Entre las acciones previstas se encuentra el fortalecimiento de los monitoreos mediante laboratorios acreditados y la colaboración con institutos tecnológicos, así como la revisión de las obligaciones ambientales de las empresas para identificar incumplimientos y dar seguimiento a cada caso.
La estrategia también contempla involucrar a los 60 municipios de Tlaxcala, con atención prioritaria a aquellos que enfrentan mayores problemáticas ambientales. A través de cuestionarios y mesas de trabajo, se identificarán sus obligaciones, necesidades y áreas de oportunidad para fortalecer la gestión ambiental en el territorio.
El objetivo es terminar con la impunidad ambiental y garantizar que la ley se cumpla. La coordinación entre los gobiernos estatal y federal busca consolidar una vigilancia más estricta, con procedimientos administrativos, sanciones y medidas de suspensión cuando legalmente correspondan, para avanzar en la recuperación de los cuerpos de agua y proteger el derecho de la población a un medio ambiente sano.
