Rommel PICHARDO – René ARELLANO JR
Un operativo encabezado por la Fiscalía General de la República con sede en Puebla encendió las alertas en el municipio de Tepetitla, luego de que se ejecutara una orden de cateo el pasado fin de semana en un inmueble ubicado sobre la calle Emilio Sánchez Piedra, presuntamente vinculado al presidente municipal en funciones.
De acuerdo con información proporcionada por autoridades federales y confirmada por compañeros periodistas que cubren la fuente de seguridad en la entidad poblana, la diligencia forma parte de investigaciones relacionadas con el presunto robo de hidrocarburos, específicamente gas LP, en ductos de Petróleos Mexicanos.
El cateo, que se prolongó por más de dos horas, contó con el apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y corporaciones estatales. Durante la intervención, las autoridades aseguraron al menos 10 vehículos tipo pipa y, de manera relevante, una patrulla presuntamente perteneciente al Ayuntamiento de Tepetitla.
Fuentes policiales señalaron, de forma extraoficial, que el predio intervenido presuntamente sería propiedad del edil Johnny H., lo que ha generado inquietud social y demandas ciudadanas para que las investigaciones se conduzcan con estricto apego a derecho, sin privilegios ni consideraciones políticas. En ese mismo contexto, trascendió que la unidad oficial localizada en el sitio habría sido utilizada presuntamente para facilitar actividades ilícitas relacionadas con el robo de gas LP, delito conocido como “huachigas”.
Las investigaciones, iniciadas del lado poblano tras trabajos de inteligencia, condujeron hasta este inmueble en territorio tlaxcalteca, el cual podría haber funcionado como punto de resguardo o logística para la extracción ilegal de hidrocarburo de los ductos federales.
Durante el desarrollo del operativo, testigos refirieron que al lugar arribó el propietario del inmueble, quien versiones no oficiales identifican como el propio presidente municipal, entablándose un diálogo con autoridades federales. Esta situación elevó la tensión entre vecinos, quienes expresaron su preocupación ante cualquier posible intento de interferencia, exigiendo que el caso se lleve “hasta las últimas consecuencias”.
Hasta el cierre de esta edición no se reportaron personas detenidas; no obstante, los aseguramientos realizados fortalecen las carpetas de investigación en curso. Se espera que en las próximas horas tanto autoridades federales como el gobierno de Tlaxcala emitan información oficial para precisar resultados y deslindes.
Este hecho guarda similitud con el antecedente registrado recientemente en el municipio de Nativitas, donde también se documentaron acciones federales contra el huachigas, evidenciando que el robo de gas LP continúa siendo una problemática prioritaria en la región centro del país.
La exigencia social es clara: legalidad, transparencia y sanción ejemplar en caso de que se confirme la comisión de delitos, sin importar el cargo o la investidura de los involucrados.
