Por: Ana Karen Laguna
La Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (TSJE), Fanny Margarita Amador Montes, se colocó en el penúltimo lugar nacional en aprobación ciudadana entre titulares de poderes judiciales estatales, de acuerdo con la más reciente medición de la encuestadora GobernArte.
Según los resultados del estudio, Amador Montes obtuvo apenas un 10.8 por ciento de aprobación ciudadana, ubicándose únicamente por encima de la magistrada de Tamaulipas, Tania Gisela Contreras. En la evaluación general alcanzó 13 por ciento, mientras que en nivel de conocimiento ciudadano registró 15.1 por ciento.
La encuesta fue levantada del 28 de abril al 3 de mayo de 2026, mediante 885 entrevistas por estado realizadas a través de muestreo aleatorio.
El contraste ha generado críticas debido a las percepciones sobre el alto costo que representa la presidencia del Poder Judicial en Tlaxcala. Aunque en la Plataforma Nacional de Transparencia aparece un salario neto mensual de 66 mil 802 pesos correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2025, distintas publicaciones y reportes presupuestales señalan que la percepción real de la magistrada presidenta superaría los 150 mil pesos mensuales considerando compensaciones, bonos y prestaciones adicionales.
La baja aprobación ciudadana ocurre además en medio de recientes cuestionamientos públicos relacionados con presuntos excesos, gastos institucionales y señalamientos sobre el manejo interno del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
En contraste, el magistrado mejor evaluado del país fue Rafael Guerra Álvarez, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, quien alcanzó 42.1 por ciento en evaluación general, 37.6 por ciento en conocimiento ciudadano y 46.6 por ciento de aprobación.
Los resultados colocan nuevamente al Poder Judicial de Tlaxcala bajo el escrutinio público, en un contexto donde ciudadanos exigen mayor transparencia, austeridad y cercanía institucional.
