La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Miriam Esmeralda Martínez Sánchez votó en contra de la minuta de reforma electoral del llamado Plan B al advertir que dicha propuesta representa una medida centralista que debilita el federalismo y compromete la autonomía de las entidades federativas.
Durante su intervención en tribuna, de este jueves, la legisladora sostuvo que su postura no responde a un capricho político ni a una oposición automática, sino a una convicción democrática basada en la defensa del pacto federal y de las instituciones.
“La política debe servir a las personas y no servirse del poder”, expresó la diputada panista al recordar uno de los principios fundacionales de Acción Nacional, al tiempo que subrayó que las reformas constitucionales deben construirse mediante diálogo, consenso y respeto a la soberanía de los estados.
Martínez Sánchez señaló que, aunque la reforma se presenta como una medida de austeridad y eficiencia institucional, en realidad impone desde el centro del país decisiones que impactarán directamente a los congresos locales y a los municipios, sin considerar las realidades particulares de cada entidad.
En ese sentido, advirtió que la minuta plantea límites presupuestales a las legislaturas estatales y modificaciones en la integración de los ayuntamientos, lo que podría comprometer el funcionamiento del Poder Legislativo local y afectar la representación democrática.
“Debemos preguntarnos con honestidad si esta reforma realmente fortalece la democracia o si, por el contrario, debilita a los congresos locales para concentrar más poder desde el centro”, puntualizó.
Asimismo, la diputada panista enfatizó que el país enfrenta problemas más urgentes, como la inseguridad y la creciente presencia del crimen organizado en la vida pública, por lo que consideró que México requiere una verdadera reforma electoral de fondo, capaz de responder a los desafíos actuales del sistema democrático.
Finalmente, Miriam Martínez hizo un llamado a las y los legisladores a no aprobar reformas por inercia ni por consigna política, sino a actuar con responsabilidad frente a las implicaciones que tendrán estas decisiones para las próximas legislaturas y para el equilibrio de poderes en el país, porque “cuando se debilita el Congreso, se debilita la representación y también la democracia”.
