El reglamento de tránsito recientemente aplicado en el municipio de San Luis Teolocholco ha generado polémica, luego de que en su contenido se establezca que las multas podrán pagarse no solo en la Tesorería Municipal, sino también en una “oficina alterna” designada directamente por el presidente municipal, Valentín Meléndez Tecuapacho, lo que ha encendido alertas sobre posibles actos discrecionales y riesgos de corrupción.
De acuerdo con el artículo 47 del citado reglamento, el pago de sanciones económicas podrá realizarse en espacios distintos a las instalaciones oficiales de recaudación municipal, una disposición que especialistas y transportistas consideran contraria a los principios básicos de transparencia en el manejo de recursos públicos.
Este punto se suma a una serie de señalamientos hacia el reglamento, el cual ha sido calificado por diversos sectores como excesivo y con tintes autoritarios, particularmente por su aplicación en operativos dirigidos al transporte público.
En días recientes, elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal realizaron operativos en contra de distintas rutas, entre ellas Autobuses Puebla, Tlaxcala, Calpulalpan y Anexas S.A. de C.V., acciones que generaron inconformidad tanto entre concesionarios y operadores como entre usuarios del servicio, quienes denunciaron afectaciones en sus traslados.
Diversos actores del sector transportista han señalado que las acciones impulsadas desde la administración municipal reflejan un posible conflicto de interés, al recordar que el alcalde Valentín Meléndez Tecuapacho mantiene vínculos con la organización transportista Teolocholquenses A.C., lo que, aseguran, pone en duda la imparcialidad en la aplicación del reglamento.
A ello se suma que el ordenamiento municipal presenta inconsistencias legales, pues en su artículo primero señala que busca dar cumplimiento a la Ley de Comunicaciones y Transportes del Municipio de Teolocholco, normativa que, según especialistas, no existe formalmente dentro del marco jurídico local.
El documento también ha sido cuestionado por errores de redacción, definiciones ambiguas y vacíos legales que podrían prestarse a interpretaciones discrecionales al momento de su aplicación.
Pese a las críticas, el reglamento fue aprobado por el Cabildo y posteriormente publicado en el Periódico Oficial del Estado, por lo que actualmente se encuentra vigente.
Mientras tanto, transportistas y sectores ciudadanos han comenzado a manifestar preocupación por lo que consideran un endurecimiento de medidas que, lejos de mejorar la regulación del transporte, podrían convertirse en un mecanismo de presión política y económica contra determinados grupos del gremio
