Tras una hora y media de comparecencia ante diputados locales, el presidente del Poder Judicial Fernando Bernal Salazar negó haber incurrido en irregularidades en el ejercicio de sus funciones que van desde realizar y avalar procedimientos judiciales fuera de norma, hasta la contratación excesiva de personal que no cuenta con el perfil para ocupar los cargos.
Expuso que la comparecencia con los diputados locales fue un ejercicio de diálogo y transparencia entre Poderes, sobre todo de un Poder hacia los ciudadanos.
«Fueron cinco puntos que se tocaron, un ciudadano presentó esta petición al Congreso del estado que me invitó para que informará sobre estos puntos que el ciudadano tenía duda, con oportunidad se fue repondiendo cada uno de estos puntos, los ciudadanos diputados al parecer quedaron satisfechos», dijo.
Negó que el llamado de los legisladores haya sido un acto de revancha política en su contra, ante la premura con la que fue requerido y la serie de acusaciones vertidas en su contra.
«Ellos me hicieron una invitación y yo respetuoso con mucho gusto acudí, como siempre y el primer día que tomé protesta nos vamos a manejar con transparencia, diligencia y respeto en este caso a los dos Poderes».
Respecto al presunto incremento desproporcionado de la plantilla de trabajadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) , con el contrato de más de 120 personas, algunas de ellas en plazas de nueva creación, Bernal Salazar comentó que los 3.3 millones de pesos que recibió ese Poder fueron para el pago de laudos pendientes y no para salarios.
«En lo que se refiere al primer ajuste trimestral que llaman del 2020 eso no es cierto no se ocupó para pagar a 120 personas, eso ni siquiera alcanzaría, sino que se utilizó como lo establece el capítulo 1000 para el pago de indemnización, liquidación es y sobre todo para el pago de laudos que estaban pendientes de liquidar y por los cuales ya he sido requerido en múltiples ocasiones del poder Judicial, incluso ante el requerimiento y la amenaza de embargo, por esa razón se cumplió con esa obligación legal que se tenía ante los tribunales laborales y federales de cumplir con estas ejecutorias y resoluciones donde condenaban al pago al Poder Judicial», indicó.
En suma, calificó el ejercicio como favorable y que abona a la claridad de cómo funciona el Poder Judicial.
